¿Qué sucede cuando las instituciones encargadas de hacer justicia enfocan sus baterías contra uno de sus miembros? ¿Qué puede motivarles a hacer algo así, cuando el receptor de sus ataques no es sino alguien que busca que se haga justicia? La respuesta es, por más que suene repetitivo, la política.
Y es que no hay otra forma de entender el por qué el juez español Baltazar Garzón ha sido llevado a un proceso judicial tras intentar iniciar un proceso en contra del gobierno franquista (1939-1975).
El cargo que se le imputa a Garzón es el de prevaricación, es decir que excedió sus facultades al intentar iniciar un proceso en contra de los responsables de los crímenes ocurridos durante el franquismo al existir una ley de amnistía general desde 1977, que declaraba amnistiados todos los actos de intencionalidad política ocurridos antes de ese año. Garzón justifica su intentona de iniciar un proceso en contra del franquismo alegando que las acciones llevadas a cabo por la dictadura franquista en contra de sus opositores no son actos de intencionalidad política sino crímenes de lesa humanidad, por lo tanto no pueden ser amnistiados.
Si bien el proceso judicial debe de seguir su camino, el simple hecho de que la acusación en contra de Garzón haya podido colarse hasta el tribunal supremo nos habla del poder que aun retienen los agentes del franquismo. Nos habla de que muchos de quienes se beneficiaron con el régimen aún permanecen en posiciones decisivas en la política española y que aún no ha habido la suficiente fuerza para retirarlos de esas posiciones.
Existen otros casos en que se ha juzgado lo ocurrido durante gobiernos dictatoriales como son Argentina y Chile. (éste último llevado por el propio Garzón) En estos se reconocieron los crímenes cometidos, se juzgó a los culpables de ellos. El objetivo de esto no era una simple caza de brujas o una venganza llevada a cabo por las víctimas. Se trataba de esclarecer el pasado, de saber qué se hizo, por órdenes de quien, por qué se cayó en eso. Simplemente se trata de dar al presente y al futuro de cada nación una base sustentada en la verdad, en el reconocimiento del pasado. Quizá valdría recordar que países como Rusia ha estado dispuesta a reconocer los crímenes del estalinismo, siendo el caso más significativo la conmemoración de este año de la masacre de Katyn, llevada a cabo tanto por autoridades rusas como polacas, un paso esencial para la reconciliación de ambos países.
El caso español muestra que hay sectores que prefieren que el pasado siga siendo ignorado, ante la imposibilidad de poder seguir manteniendo una mentira estatal como aquella de que “era necesario acabar con los enemigos del Estado.” Muestra que hay sectores que para proteger su presente son capaces de sacrificar el futuro.
Y es que si los franquistas consiguen su objetivo y logran inhabilitar a Garzón y con ello todo proceso en contra del franquismo, seguirán existiendo la división que aun permea en España entre quienes consideran al franquismo una época excepcional para España, y otros la larga noche que expulso a muchos españoles de su propia tierra (ya sea a otras o de esta vida). Si se inicia un proceso en contra del franquismo, la verdadera reconciliación nacional en España estará más cerca de ocurrir, una reconciliación basada en reconocer el pasado, en hacerlo propio y no simplemente ignorarlo bajo una ley de amnistía.
España merece un futuro que se sustente sobre un pasado que ya ha sido juzgado y no simplemente ignorado, merece que por lo menos en esta ocasión, la justicia no quede supeditada a la política.
Luis Angel Monroy Gómez Franco


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